La Operación «Gran Fénix 43 Azkaban», ejecutada por la Policía Nacional y la Fiscalía, con apoyo de Europol, desnudó el modus operandi bajo el cual actuaba una presunta red delictiva de origen polaco-albanesa en Ecuador.
La estructura, acusada de la adquisición de cocaína en la frontera colombiana para su acopio, transporte y posterior exportación por vía marítima hacia los Países Bajos y otros destinos europeos, es vinculada por las autoridades con la incautación de al menos 7.5 toneladas de cocaína desde 2019.
Los cargamentos de drogas se camuflaban -según la acusación- en productos de exportación como banano, café, mariscos, madera y productos enlatados, bajo la modalidad de «gancho ciego» -paquetes con cocaína introducidos en contenedores con carga legal-.
Los expedientes judiciales por delincuencia organizada y por arma de fuego, y los registros de las autoridades de control exponen un engranaje que incluye un permiso de tenencia de armas, empresas fachada dedicadas a sectores como el bananero, posible evasión tributaria y contratos verbales de arriendo en urbanizaciones privadas del área metropolitana de Guayaquil.
Además, los presuntos operadores locales de la red ya habían enfrentado un proceso por narcotráfico en 2020, en el puerto de Guayaquil.
Albanés en urbanizaciones de Daule y Samborondón
Para la Policía Nacional, un ciudadano albanés con cédula ecuatoriana, de iniciales Daci P., sería uno de los presuntos líderes de la estructura. Se habría desempeñado como el principal emisario de la mafia balcánica en el país, al recibir instrucciones desde Europa y coordinar la logística de la operación en Ecuador.
Daci P. justificaba su permanencia en el país y sus ingresos financieros a través de un RUC registrado con una amplia gama de actividades en el negocio gastronómico y de catering.
De acuerdo con las declaraciones tributarias del sospechoso -en el expediente del caso por Delincuencia Organizada-, registraba un promedio de ventas de USD 18.630 mensuales entre finales de 2025 y mediados de 2026, pero cancelaba menos de USD 50 centavos mensuales en IVA (Impuesto al Valor Agregado).
Además, su RUC situaba su domicilio tributario en una vivienda de la urbanización Entre Ríos, en La Puntilla (Samborondón), zona de alta plusvalía.
Sin embargo, para justificar su arraigo e intentar evitar la prisión preventiva, su defensa presentó como residencia un inmueble en Brisana de la urbanización Casa Laguna, en la cercana parroquia urbana de La Aurora, en el cantón Daule.
La relación de alquiler se manejaba de forma informal. La propietaria declaró haber celebrado un contrato verbal de arriendo por un año con Daci P. y l formalizó con una declaración juramentada ante notario, el 9 de julio de 2026, a las 17:05. Es decir, horas después de la captura del ciudadano albanés y 16 procesados.
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Centro de operaciones costero y empresa bananera
Paralelamente, el ciudadano de origen polaco Jakimiec T. habría desempeñado otro rol directivo dentro de la red, según la acusación.
Jakimiec fue capturado en una operación previa en la provincia de Santa Elena, el 8 de junio de 2026, en un allanamiento a su casa en la parroquia de Manglaralto, donde se detectó que pesaba sobre él una circular difusión roja activa de Interpol, emitida por la justicia de Polonia con requerimiento de extradición.
En su domicilio, la policía incautó laptops, tabletas, cámaras, múltiples celulares con chips de operadoras locales y polacas. “Los investigados habrían utilizado dispositivos electrónicos encriptados, mediante los cuales coordinaban actividades logísticas, operativas y financieras con organizaciones criminales internacionales”, señala la Policía.
Además, se encontraron dos armas aptas para disparo (una de fuego y una traumática). Aunque Jakimiec poseía un permiso de tenencia vigente para una de ellas (válido hasta 2027), carecía de permisos para portar una pistola. El sospechoso enfrenta un segundo proceso por tenencia de armas no autorizada.
Jakimiec figura como accionista de la empresa comercializadora industrial alimenticia Techpolska. La compañía, domiciliada en Guayaquil, contempla en su objeto social la intermediación de diversos productos, entre ellas la venta al por mayor de banano, lo que coincide con el sector exportador que la organización utilizó presuntamente para contaminar contenedores con destino a Europa.
La empresa no registraba empleados en nómina hasta 2025, tampoco reportó ingresos y mantenía un patrimonio de USD 1.424 en caja como único balance societario, según la declaración de la empresa ante la Súper de Compañías.
El retorno de operadores locales a los puertos
La investigación del caso «Azkaban» destapa un hilo conductor con el crimen organizado de Guayaquil. Un análisis de un expediente de juicio previo por tráfico de drogas muestra que la estructura de logística y transporte local de la red transnacional no era nueva para los tribunales del Guayas.
El 6 de junio de 2020, en un operativo nocturno ejecutado en una plataforma del puerto de Guayaquil, agentes antinarcóticos interceptaron un tráiler naranja. El perro detector de drogas «Yenix» dio la alarma en la cabina del conductor. Al abrir el compartimento, la policía incautó 28 sacos de yute que ocultaban dos toneladas netas de cocaína de alta pureza.
En la flagrancia resultaron capturados operadores y conductores que ahora vuelven a ser procesados: Christian Iván H. Ch., Juan Roberto O. L., Jerry Guillermo G.T. y Layner Eduardo V. Z. Estos dos últimos trabajaban como guardias de seguridad de la empresa de turno en el puerto marítimo, encargándose presuntamente de omitir el registro del tráiler.
El 13 de agosto de 2020, el por entonces Agente Fiscal Cuarto de la Unidad de Delincuencia Organizada de Guayas, Joffre Velasco, emitió un dictamen abstentivo argumentando falta de elementos de convicción y el juez del caso dictó el sobreseimiento de los procesados.
Seis años después, los mismos transportistas y guardias han sido recapturados por la Policía bajo cargos de constituir el soporte logístico de la mafia europea para el despacho de cocaína, a través de las terminales portuarias de Guayaquil y Puerto Bolívar (Machala, El Oro). Uno de los choferes presentó documentos de trabajo en una empresa de transporte urbano de Guayaquil y un segundo conductor es accionista de una empresa de transporte pesado domiciliada en la zona bananera de El Guabo (El Oro).
