Los delitos digitales pasaron a ocupar un espacio prioritario dentro del Plan Nacional de Seguridad Integral (PNSI) 2025-2029.
El documento identifica el crecimiento de la ciberdelincuencia, los ataques informáticos y la extorsión digital como riesgos que ya no solo afectan a ciudadanos y empresas, sino también a la infraestructura estratégica del Estado y al funcionamiento de los servicios públicos.
A diferencia de planes anteriores, la nueva política de seguridad incorpora un enfoque de seguridad, que integra la ciberseguridad y la ciberdefensa como herramientas para proteger la información gubernamental, las redes tecnológicas y los sectores considerados críticos para el país.
El documento define la ciberdelincuencia como el conjunto de delitos cometidos mediante las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) contra personas, empresas o instituciones públicas.
Como respuesta, el Plan Nacional de Seguridad Integral plantea tres líneas de acción.
La primera consiste en fortalecer la ciberseguridad nacional mediante un trabajo coordinado entre el Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL), el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.
La segunda estrategia busca actualizar el marco legal y la Estrategia Nacional de Ciberseguridad para alinearla con estándares internacionales. El documento establece que este proceso deberá concluir hasta 2028 bajo la coordinación del MINTEL y del Comité Nacional de Ciberseguridad.
La tercera medida plantea fortalecer la capacidad de prevención y respuesta frente a incidentes informáticos mediante una mayor coordinación entre el CSIRT nacional —Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática— y los equipos especializados de cada sector estratégico.
