∑osibilidad de una nueva Asamblea Constituyente en Ecuador ha puesto en el centro de la escena a tres actores clave: el Presidente de la República, la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral. Lo que podría parecer una simple consulta popular se convierte rápidamente en una muestra de cómo las tensiones entre los distintos poderes del Estado pueden llevar al país a un callejón complicado de transitar.
El señor Noboa, como líder del Poder Ejecutivo, ha propuesto la consulta popular con el fin de abrir un camino hacia una reforma estructural mediante una nueva Asamblea Constituyente. En su discurso de campaña planteó claramente el tema como la solución a los problemas de representatividad y eficiencia del sistema político actual.
En este escenario, la Corte Constitucional (CC) juega un papel clave en la validación de esta propuesta. La función de la Corte es garantizar que las reformas se ajusten a la Constitución vigente y respeten los principios fundamentales del ordenamiento jurídico. Su intervención es esencial, pero a veces puede percibirse como un freno a la voluntad popular.
La CC, al cuestionar la claridad y la precisión de la pregunta planteada por el Presidente, ha señalado que no se puede tratar de una decisión tomada a la ligera, dada la trascendencia de un cambio constitucional. La crítica hacia la propuesta presidencial, aunque necesaria desde el punto de vista legal, puede ser vista como un exceso de poder en un momento en que la consulta popular debería permitir a la ciudadanía decidir sin tanta intervención que, a la vista del ciudadano común, resulta intrascendente.
Es comprensible que la Corte quiera asegurar que cualquier proceso de modificación de la Constitución se haga con la máxima rigurosidad y en respeto a los principios constitucionales. Sin embargo, el hecho de que la misma Corte sea quien tenga la última palabra sobre la validez de una consulta popular genera interrogantes sobre el grado de control que dicha entidad judicial debería tener sobre las decisiones que se quieren consultar al verdadero soberano.
Por su parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se ve atrapado entre el Presidente y la CC, intentando mantenerse fiel a su función de garantizar la transparencia del proceso. El CNE tiene la responsabilidad de organizar la consulta de manera que todos los ciudadanos puedan participar de forma libre, justa y equitativa.
Este triunvirato, compuesto por el Presidente, la Corte Constitucional y el CNE, ha puesto de manifiesto las tensiones propias de un sistema democrático en el que el equilibrio de poderes parece más frágil que nunca. Mientras el Presidente busca fortalecer la democracia participativa con una consulta popular, la Corte Constitucional interviene para asegurarse de que no se vulneren los principios fundamentales del Estado de derecho. Por su parte, el CNE intenta mantenerse en el centro, garantizando que el proceso sea limpio y transparente, pero sin perder de vista la presión política que se ejerce sobre él.
En última instancia, este proceso de consulta popular revela la compleja relación entre los poderes del Estado y plantea una reflexión sobre el grado de intervención de cada uno de ellos en la democracia. Aunque la Corte Constitucional cumple una función crucial en la protección de la Constitución, la pregunta es si su poder no ha ido más allá de lo necesario, al punto de poner en riesgo la voluntad popular que, en teoría, debería ser la máxima autoridad en un sistema democrático. Más allá de la percepción popular de que la CC quiere actuar por sobre los derechos generales del ciudadano común, como lo somos la gran mayoría de ecuatorianos, ustedes también piensan como yo:
¿Qué lindo triunvirato?
