Un magistrado de la Corte del Distrito Medio de Florida resolvió este 7 de mayo de 2026 desechar dos mociones presentadas por Progen, con las que la empresa buscaba mantener transacciones y movimientos bancarios fuera de las evidencias del caso. Con este fallo judicial, Celec podrá exigir historiales de tarjetas de crédito, acuerdos comerciales y registros de transferencias interbancarias.
El caso deriva de una demanda presentada por Celec, con base en los dos contratos que Progen resultó adjudicada en agosto de 2024, que suman USD 149,1 millones, pero que nunca entraron en operación. Celec pagó a Progen USD 104 millones (el 70%), de acuerdo con lo establecido en los contratos, que fueron transferidos a una cuenta en Estados Unidos, en el Regions Bank.
Por esa razón, como parte de la etapa de recabar evidencia, Celec pidió el detalle de los movimientos de dicha cuenta bancaria en el Regions Bank. Según los documentos del caso, a los que PRIMICIAS accedió, dichos estados de cuenta muestran que la cuenta de Progen quedó totalmente vacía para enero de 2026.
Por esa razón, Celec busca rastrear el dinero más allá de la cuenta en el Regions Bank. Específicamente, la empresa pública solicitó información sobre las tarjetas de crédito y cuentas que recibieron recursos desde la cuenta de Progen.
Pero Progen intentó usar maniobras legales para prohibir que más de 20 bancos y compañías, e incluso el Banco de la Reserva Federal de Nueva York y el sistema internacional CHIPS, entregaran información sobre sus movimientos financieros. Usó el argumento de que las peticiones de Celec constituían una indagación irrelevante, desproporcionada y duplicada, diseñada para «invadir su privacidad financiera» y acosarlos.
Aun así, el juez de la causa negó las mociones de Progen, argumentando que no lograron demostrar una causa legal justificada para bloquear los requerimientos de información. El magistrado determinó que, contrario a las quejas de la defensa, la documentación financiera que Celec exige a estos terceros es totalmente «relevante y proporcional a las necesidades del caso»
Con este fallo, la corte respaldó el derecho de la estatal ecuatoriana a rastrear el destino final de sus fondos, permitiendo que la investigación internacional continúe sin obstáculos.
