Los consulados asentados en España han enfrentado una demanda inusual desde que se anunció el proceso de regularización masiva en este país. Aunque el real decreto —dirigido a regularizar a los extranjeros que hubieran entrado en España antes del 31 de diciembre de 2025— sigue en pausa, el mero anuncio ha activado a miles de personas. Previsto inicialmente para abril, el reglamento continúa sin publicarse y ha quedado, por ahora, en una promesa que genera expectativa pero también una creciente incertidumbre entre los potenciales beneficiarios.

El retraso no es menor. La medida ha despertado recelos en el espacio Schengen, la zona de 29 países que garantiza la libre circulación. En febrero, la Comisión Europea ya advirtió que una regularización masiva no puede convertirse en “un cheque en blanco” ni tensar el equilibrio migratorio dentro de la Unión Europea.

Mientras se resuelve ese pulso político, los consulados han empezado a prepararse para un escenario que aún no tiene forma definitiva. Uno de los trámites clave, la solicitud del certificado de antecedentes penales, ha generado colapsos en varias sedes consulares de distintos países. En el caso ecuatoriano, sin embargo, el impacto ha sido más contenido porque el documento y su apostilla (que cuesta 30 euros, unos 35 dólares al cambio actual) pueden gestionarse en línea, lo que ha evitado largas filas, aunque también ha evidenciado una brecha digital que obliga a mantener la atención presencial para quienes no pueden acceder o completar el proceso telemático.

La embajadora de Ecuador en España, Wilma Andrade, confirma que la maquinaria consular está en alerta, aunque aún a la espera de certezas. “El reglamento para la regularización se ha detenido porque hay observaciones en la Comisión Europea”, explica. Y añade con claridad el trasfondo político: “La Unión Europea está contraria a que se haga una regularización masiva”.

Según Andrade, Bruselas ya ha marcado límites concretos al eventual proceso: “Si España continúa con ese proceso de regularización masiva, que sepa que esas personas que se regularizan solo podrán permanecer en España y que para el resto de la Unión Europea serán sencillamente turistas con una permanencia de no más de 90 días”.

Pese a la incertidumbre, la red consular ecuatoriana ha desplegado una estrategia preventiva. Desde el anuncio, los consulados han activado campañas informativas e incluso se ha diseñado un formulario para medir la demanda potencial, aunque los resultados apuntan a un interés más limitado de lo esperado. La embajadora señala que serían alrededor de 3.000 ecuatorianos quienes podrían beneficiarse, una cifra baja en comparación con otras comunidades que no tienen la restricción de visado y continúan ingresando a España.

Fuente: https://www.primicias.ec/sociedad/regularizacion-masiva-espana-consulados-ecuador-119967/