El fiscal general del Estado encargado, Carlos Alarcón, defendió este miércoles, 22 de julio de 2026, su actuación en la indagación al movimiento político Amigo; en la primera fase de investigación contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y en el caso Progen.
Sobre el movimiento Amigo, suspendido por nueve meses por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) luego de la apertura de una indagación previa, el fiscal Alarcón señaló que el organismo electoral aplicó el Código de la Democracia, que contempla sanciones contra organizaciones políticas tras una denuncia por presunto lavado de activos.
«Mi obligación, en calidad de fiscal general del Estado, es hacerles conocer este particular. Son los miembros del Tribunal Contencioso Electoral quienes deciden si suspenden o no a una organización política», afirmó Alarcón, entrevistado en radio Sucesos por Edgar Vásquez.
Según indicó, la investigación -de carácter reservada- comenzó tras una denuncia contra el movimiento político ingresada mediante el sistema 1-800 Delito, que fue plasmada en un parte policial y remitida a la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía.
Alarcón rechazó las críticas por el momento en que se notificó al TCE, el jueves 16 de julio. El Tribunal suspendió a Amigo el viernes 17, en vísperas del cierre del plazo para la inscripción de alianzas electorales para los comicios seccionales del 29 de noviembre.
«Aquí no hay ninguna persecución política»
Frente a los cuestionamientos de dirigentes del correísmo, que califican la actuación como una persecución política similar a la aplicada contra Revolución Ciudadana en marzo pasado, el Fiscal aseguró que no actúa por motivaciones políticas.
«Aquí no hay ninguna persecución política. Estoy actuando conforme a la norma. Si no actuara cuando existe una denuncia, estaría incurriendo en una omisión de mis funciones», dijo el fiscal Alarcón.
